Retomamos las entrevistas en este blog para profundizar en temas de interés en el periodismo. Hoy hablamos con Miguel Ángel Blanes, alicantino, funcionario de carrera desde 1990 y experto en transparencia. Detalla su apuesta clara por esta normativa que tanto ayuda a destapar lo que las autoridades no quieren que se sepa. No da puntada sin hilo.

Pregunta: ¿Cuándo y por qué surge tu interés por la transparencia?

Respuesta: Soy funcionario de carrera desde hace 32 años y en mi experiencia personal siempre me ha indignado el silencio de la Administración ante los escritos o solicitudes que presentan los ciudadanos y las dificultades para acceder a la información pública. En el año 2014 publiqué una tesis doctoral sobre «la transparencia informativa de las Administraciones públicas» y puse en marcha un blog donde publico con frecuencia artículos y comentarios sobre los problemas para acceder a la información pública.

P: ¿Qué grandes razones darías para que una administración pública apueste por la transparencia?

R: Mejora la democracia, permite a los ciudadanos defenderse y ejercer sus derechos, dificulta la corrupción, evita el despilfarro del dinero público, posibilita el control del poder público y la participación en la gestión de los asuntos públicos, y, finalmente, aumenta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

P: ¿Eres de los que crees que debería haber sanciones para las instituciones que incumplan?, ¿de ser así cómo lo articularías?

R: Sí, pero sanciones no a las Administraciones o entidades públicas incumplidoras porque, al final, esas sanciones se pagan con nuestro dinero de los presupuestos públicos, sino a las autoridades o funcionarios responsables, imponiéndose dichas sanciones a su patrimonio personal, como así lo dispone el artículo 48.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

P: ¿Entiendes las restricciones de acceso a la información de la Ley de 2013 o quitarías alguna?

R: Los límites al derecho de acceso y las causas de inadmisión de las solicitudes son demasiados amplios y genéricos. Es necesario limitar su contenido. El Reglamento que desarrolla la Ley 19/2013, de transparencia, todavía no ha sido aprobado, a pesar de haber expuesto al público 3 anteproyectos de reglamento distintos. En el reglamento es donde deben restringirse mucho tanto los límites como las causas de inadmisión.

P: ¿Crees que se podría ofrecer más transparencia, por ejemplo, en los viajes en el Falcon o los presuntos espionajes con Pegasus desde el CNI u otros organismos?

R: Por supuesto que sí. Tenemos una Ley de Secretos Oficiales de 1965, que nuestra democracia todavía no ha sido capaz de reformar, y que permite injustamente declarar mucha información como secreta o confidencial, impidiendo, de este modo, su conocimiento sin límite de tiempo. Ni toda la información pública puede ser secreta, ni los secretos pueden durar una eternidad.

P: ¿Crees que se hace buen periodismo gracias a respuestas por transparencia?, ¿qué debería mejorar?

R: La Ley de Transparencia contempla un plazo de respuesta de un mes que nunca se suele cumplir. Eso es demasiado tiempo para un periodista que necesita contrastar o acceder a información pública de interés para la opinión pública. En estos casos, el plazo de respuesta debería ser mucho más breve, 5 o 10 días. Sin embargo, aunque en ocasiones sea un poco tarde, las respuestas o falta de respuestas a las solicitudes de transparencia permiten realizar un buen periodismo de investigación. No obstante, la principal queja de los periodistas que conozco es que el acceso a la información es muy lento: un mes para que te contesten, ampliable por otro mes; si no te contestan o no te facilitan la información, reclamación ante el Consejo de Transparencia, que tiene otros 3 meses para resolver. En ocasiones, se tarda una media de 6 meses para acceder a la información, la cual ha perdido ya buena parte de su interés público.

P: ¿Qué nota pondrías al Gobierno de España actual en publicidad activa en su portal de transparencia?

R: Con carácter general se publica la mayor parte de la información que exige la Ley de Transparencia. Otra cosa es que la información sea fácil de localizar y, sobre todo, de entender. Mucha de la información que se publica es incomprensible para la mayor parte de la ciudadanía. El gran desafío es que la información publicada sea fácil de encontrar y de comprender. La nota que le pondría sería un 6.

P: ¿Qué instituciones españolas o extranjeras pondrías como ejemplo en esta materia?

R: No sabría destacar ninguna institución española que destaque por su especial transparencia. Respecto a las extranjeras, las instituciones de los países nórdicos suelen estar a la cabeza.

P: ¿En qué ámbito crees que se podría mejorar más la transparencia?, ¿contrataciones?, ¿personal?…

R: En los ámbitos en los que existe más corrupción. Como bien señalas, contratación pública, personal, ordenación del territorio y urbanismo, subvenciones, permisos y licencias, sectores financieros y energéticos, etc.

P: ¿Qué caso de acceso a la información pública que hayas conocido te ha llamado más la atención? Quizá porque fue información muy valiosa para determinada persona, porque ayudó a resolver una injusticia…

R: Fue un caso personal. Iban a construir un campo de golf en un paraje natural y presenté una solicitud de acceso a la información pública para saber si el proyecto de construcción se había sometido a evaluación de impacto ambiental. Después de 3 años de pleitos, conseguí que me contestarán que no se había sometido a dicha evaluación. El proyecto finalmente no se ejecutó.

P: ¿Ves necesaria el estudio sobre mejorar el Portal de Transparencia actual del Gobierno?, ¿crees que la contratación que se ha abierto va bien encaminada?

R: No lo conozco.

P: ¿Crees que la Ley se aplica correctamente en partidos políticos, sindicatos, fundaciones y otras entidades que se nutren de fondos públicos?

R: La aplicación es manifiestamente mejorable. Es necesario reforzar el control del cumplimiento de la Ley de Transparencia y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. No conozco ningún caso que se haya sancionado.

P: Hay quien dice, «una administración en Transparencia nunca publicará las irregularidades que quiera ocultar», ¿qué les dirías?

R: Esta cultura de la opacidad debe cambiar hacia una cultura de la transparencia. Para ello es necesario tiempo. Es verdad que al poder no le gusta que le controlen y que sin información el control es imposible, por lo que seguirá haciendo todo lo posible para que dicha información no se conozca. No obstante, si la ciudadanía no se conforma y sigue siendo exigente, solicitando información y denunciando públicamente los incumplimientos, la democracia podrá seguir avanzando, aunque lo haga lentamente.

P: ¿Cómo ves al Consejo de la Transparencia?, ¿podría hacer un mejor trabajo?, ¿cómo?

R: El Consejo de Transparencia necesita medios personales y jurídicos para hacer mejor su trabajo. Sin personal, es difícil resolver las reclamaciones en el plazo máximo de tres meses. Sin medios jurídicos, el Consejo de Transparencia no puede hacer nada para obligar a la Administración pública a que cumpla con sus resoluciones.

P: ¿Crees que el público general sabe de la importancia de la transparencia y las posibilidades que le dan en sus propios intereses personales?

R: Hay que seguir difundiendo la existencia del derecho a saber. Todavía son muchas las personas que desconocen que la Administración pública está obligada a facilitar información que les permita ejercer sus derechos de defensa, participación y control de los asuntos públicos, mejora de los servicios públicos y lucha contra el fraude, el despilfarro y la corrupción.

P: ¿Qué avances en transparencia crees que ahora son impensables pero en el largo plazo será lo habitual?

R: Reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental igual de importante que lo es la protección de los datos de carácter personal.

P: ¿Crees que se cumplirá esta legislatura el acuerdo de PSOE y Podemos relativos a transparencia y regeneración democrática (Plan Nacional contra la Corrupción, Ley integral contra la corrupción, regulación de los lobbies, mejora del régimen de incompatibilidades, reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, limitar los aforamientos políticos, a lucha contra los “cárteles” en la contratación y principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa)?

R: Ojalá me equivoque, pero no lo creo. Todavía no se ha traspuesto la Directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción, no se han limitado los aforamientos políticos, no se ha reformado la Ley 19/2013, de transparencia, ni tampoco se ha aprobado el reglamento que la desarrolla. En fin, constato que no hay voluntad política. No la tienen los partidos que están gobernando, pero tampoco los partidos de la oposición, ya que no exigen públicamente la necesidad de adoptar estas medidas de regeneración democrática.

P: ¿Qué puntos crees que son básicos incorporar a la Ley de Transparencia?

R: En el artículo publicado en mi blog el 7 de julio de 2016, detallo los puntos básicos.